La Comisión de Seguridad Ciudadana, Paz y Derechos Humanos del Parlamento Centroamericano, emitió un pronunciamiento mediante el cual demanda "el respeto y derecho a la vida de los migrantes de los Estados miembros del SICA en su tránsito hacia los Estados Unidos de América".

En los considerandos, la Comisión de Seguridad Ciudadana, Paz y Derechos Humanos condena los hechos violentos ocurridos el sábado 27 de marzo en Quintana Roo, México, donde una ciudadana salvadoreña perdió la vida, por el “probable” exceso de fuerza por parte de miembros de la Policía Municipal.

Frente a los hechos, los parlamentarios centroamericanos exhortan a los Estados miembros del SICA y al Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, a evitar el “uso excesivo de la fuerza pública” que conlleven el “maltrato o muerte de las y los migrantes”.

En particular demandan el cumplimiento de los derechos de las mujeres como parte inalienable e indivisible de los derechos humanos universales, contemplados en diferentes instrumentos internacionales, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la  Convención  Interamericana  para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem Do Pará) .

El pronunciamiento exhorta a respetar los derechos humanos de los migrantes centroamericanos y no se ponga en riesgo su vida y la seguridad de quienes entran, permanecen y salen en tránsito hacia los Estados Unidos de América, a la vez abordar las políticas de migración y de asilo desde una perspectiva de seguridad humana, no de persecución y criminalización.

El Pronunciamiento debe ser remitido a la Secretaría General del SICA, a los Honorables Observadores ante el PARLACEN por el Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, al Consejo   Centroamericano   de   Procuradoras   y   Procuradores   de   Derechos Humanos -CCPDH-, a las entidades internacionales defensoras de los DDHH,  y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos –ACNUDH, concluyen los integrantes de la  Comisión de Seguridad Ciudadana, Paz y Derechos Humanos del PARLACEN.